Los cursos de recuperación de puntos de la DGT restringen la competencia y vulneran el Derecho de la Unión

Una reciente sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón al recurso planteado por una asociación de autoescuelas y ha anulado el acuerdo de licitación que la Dirección General de Tráfico realizó en 2014 de un “Contrato de Concesión de gestión de cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de crédito de permiso de conducir” al  considerar que “la previsión legal de someter solo al regimen de concesión la gestión de los cursos de reeducación y sensibilización que se llevó a cabo por la Orden del Ministerio del Interior INT/2596/2005, es directamente contraria al Derecho de la Unión”. Contra esta resolución judicial cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Como se recordará, desde la entrada en vigor del permiso por puntos en julio de 2006 la Dirección General de Tráfico ha venido otorgando en exclusiva la realización de estos cursos a la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).Sin embargo, este sistema de gestión ha sido duramente criticado por la organización de defensa de los conductores, AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) y por algunas asociaciones de autoescuelas, entre ellas AUDICA, al considerar que el modelo utilizado por la DGT restringía la competencia y afectaba negativamente a los derechos de los consumidores.

La concesión a una sola empresa restringe la competencia

En el fundamento de derecho décimo de la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos, se indica que “el vicio anticompetitivo viene determinado, esencialmente de origen, por la forma de gestión indirecta elegida. La Ley 17/2005 dio una nueva redacción al artículo 5 p) del Real Decreto Legislativo 339/1980, donde se regulan las competencias atribuidas al Ministerio del Interior, en torno al modo en que se podía llevar a cabo la gestión de estos cursos, y contempló como única posibilidad el de la concesión administrativa.”

“Cierto es –continúa la sentencia- que las sucesivas reformas a partir de la Ley 25/2009 de 22 de noviembre, fueron abriendo el marco contractual a otras figuras, pero no es aplicable al tiempo en que se dictó la Orden de licitación que aquí nos ocupa y que no va más alla de la concesión administrativa como forma de gestión indirecta de este servicio. Debemos tener presente que la concesión administrativa a una sola empresa constituye una situación de hecho y derecho que restringe la competencia.”

Por ese motivo se anula el acuerdo de licitación llevado a cabo por la Orden del Ministerio del Interior INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan  los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción.

Desde el 2006, AEA ha venido denunciando la situación de monopolio

Desde que entró en vigor el carnet por puntos, en julio de 2006, la organización de defensa de los conductores,AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) ha venido denunciando fallos en el sistema del permiso por puntos que se utiliza en España y ha advertido, en reiteradas ocasiones, que el modelo de concesión diseñado por la DGT es perjudicial para los consumidores  y para la competencia. 

Así, AEA ha señalado  que en España los conductores tienen restringida su capacidad de elección del centro donde quieren realizar el curso, ya que no pueden acudir a cualquier centro de formación de conductores sino tan sólo a la minoría de centros elegidos discrecionalmente por las autoridades de tráfico, que no llegan si quiera al 5%. Tampoco pueden elegir el precio, ni el material didáctico ni los horarios.

“Y esta situación – ha señalado el presidente de AEA, Mario Arnaldo, en múltiples ocasiones- es muy difícil de entender por parte de los usuarios ya que a diferencia de lo que ocurre en Francia, en España los cursos de sensibilización para reeducar a los conductores infractores se ofrecen en un régimen de monopolio temporal, y por eso no hay competencia alguna en relación con los precios, ni con la calidad de los cursos, ni con la oferta de centros respecto de, por ejemplo, la distancia que el usuario tiene que recorrer. Tampoco hay competencia alguna respecto del material pedagógico utilizado.”

En Francia, diferencias de precio de más del 40%

Nada de esto ocurre en Francia, país del que hemos copiado el sistema de permiso por puntos. Y la razón de esa competencia, según AEA, estriba en que en nuestro vecino país los cursos de recuperación de puntos se dan en régimen de autorización y no bajo un sistema de concesión administrativa.

Es decir, el automovilista francés puede realizar los cursos de recuperación de puntos en cualquier centro que cumpla los requisitos establecidos por la ley. En España, sólo aquellos elegidos por la DGT (o los designados por el Gobierno Vasco o la Generalidad de Cataluña, en sus respectivos territorios), que no llegan ni siquiera al 5% de los centros de formación de conductores.

Por eso un automovilista francés que quiera realizar un curso de recuperación de puntos puede acudir, por ejemplo, a un centro del distrito nueve de Paris, donde el curso le costaría 250 euros mientras que en otro del distrito veinte pagaría sólo 130 euros. Es decir, un 48 % más barato. Y diferencias similares existen entre centros de recuperación de puntos de diferentes departamentos.

Diferencias también en el servicio

Pero es que la competencia se nota también en el servicio. Así, en Francia existen diversas organizaciones nacionales que coordinan los centros de recuperación de puntos (automóvil clubs, autoescuelas, centros de enseñanza), a través de las cuales se garantiza la rápida participación en un curso de recuperación de puntos cerca del domicilio, aunque se tenga que anular la convocatoria por falta de asistentes (en el caso de Francia está previsto un mínimo de 10 participantes).
También se garantiza el reembolso del dinero abonado, o cambiar la reserva para otra fecha, o para otro centro en cualquier parte del territorio francés que más le convenga al usuario.

AEA pidió hace dos años la intervención del Fiscal General del Estado

En la resolución favorable del proceso ha tenido una destacada intervención el Ministerio Fiscal que, en defensa de los consumidores y usuarios solicitó que fuera planteada una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Justicia al considerar que el régimen de concesión de los cursos de recuperación de puntos resulta contrario a las normas de libre competencia y a la libertad de establecimiento.

En este sentido conviene recordar que hace dos años, AEA solicitó al Fiscal General del Estado la apertura de diligencias en materia de consumo, en relación con la gestión e impartición de estos cursos, con el fin de averiguar las razones por las que, en contra de los derechos de los automovilistas, se mantenía en España un sistema que daba lugar a prácticas monopolísiticas.

Ahora la petición de AEA ha tenido sus frutos, al haberse recogido en la sentencia las tesis coincidentes del Ministerio Fiscal que, sin necesidad de elevar la cuestión ante instancias judiciales europeas, ha conseguido que la Audiencia Nacional declare en España que el sistema de cursos diseñado por la DGT restringe la competencia, es contrario al Derecho de la Unión y perjudica a los consumidores.