El Ayuntamiento de Madrid afronta un escenario de colapso normativo y económico tras las últimas resoluciones judiciales adoptadas por la justicia madrileña. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a instancia de la organización de defensa de los conductores, AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA), ha ordenado la apertura de una pieza separada para tramitar la ejecución forzosa de la sentencia que en septiembre de 2024 anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital. El tribunal ha concedido un plazo improrrogable de 20 días al Ayuntamiento y al resto de las partes para presentar sus alegaciones.

Evitar un insoportable peregrinaje de recursos

Esta firme actuación de la justicia responde a la solicitud de AEA para evitar que cientos de miles de conductores madrileños sufran un «insoportable peregrinaje de recursos judiciales». La medida tiene como objetivo inmediato frenar los procesos de cobro y embargos de cuentas corrientes que la Agencia Tributaria de Madrid sigue ejecutando por multas que debían estar anuladas tras el rechazo del Tribunal Supremo al recurso de casación municipal.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, se ha mostrado tajante ante la actitud del consistorio: «El Ayuntamiento de Madrid no puede proyectar una imagen de “administración tramposa” ante los ciudadanos, al pretender cobrar de forma ilegítima unas sanciones que la justicia ya ha declarado nulas de pleno derecho. Por ello, exigimos la paralización inmediata de todos los expedientes y la devolución del dinero recaudado de forma indebida».

Desmontada la estrategia de Almeida: cascada de anulaciones masivas

De forma paralela, una sucesión de sentencias dictadas por distintos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid -en contestación a los recursos promovidos por los servicios jurídicos de AEA en defensa de sus socios-, está desarmando por completo la estrategia del equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida, el cual pretende limitar el impacto de la nulidad exclusivamente a las multas impuestas en ‘Madrid Distrito Centro’ y ‘Plaza Elíptica’.

Así, las últimas sentencias dictadas por el Juzgado nº 15 -en línea con el criterio ya unificado del Juzgado nº 34 y del Juzgado nº 29-, obligan al consistorio a anular absolutamente todas las multas de 200 euros impuestas en cualquier calle afectada por las ZBE de la capital.

Para Arnaldo “este frente judicial pone en jaque la recaudación municipal, al afectar a más de 3,5 millones de expedientes sancionadores por un valor estimado en 700 millones de euros, y no como pretende el Ayuntamiento de Madrid “a las multas impuestas exclusivamente en las zonas de bajas emisiones de especial protección”.

Tres argumentos jurídicos clave que desarman al Ayuntamiento

La justicia madrileña ha consolidado en sus sentencias tres fundamentos jurídicos que desautorizan claramente los argumentos del Ayuntamiento de Madrid:

1. Inaplicabilidad del artículo 21: Todas las sentencias judiciales aclaran que, al declararse ilegales los anexos y disposiciones que definían el territorio y el calendario de restricciones de las ZBE de Madrid, el artículo 21 de la Ordenanza de Movilidad ha quedado «materialmente vacío de contenido».

2. Efecto retroactivo favorable: En el derecho sancionador, el ciudadano tiene derecho a la retroactividad de la norma más favorable mientras no exista una sentencia firme sobre su multa.

3. Ausencia total de cobertura legal: Al carecer de una delimitación territorial legalmente válida y de una señalización legítima, el Ayuntamiento carece de amparo normativo para sostener o tramitar sanción alguna por acceder a cualquier calle de la capital afectada por las ZBE, y no solo en las de los distritos de especial protección

Antecedentes del conflicto

La crisis normativa del Ayuntamiento de Madrid respecto a las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones se remonta a septiembre de 2024, cuando el TSJM declaró la nulidad de pleno derecho de los artículos esenciales de la Ordenanza de Movilidad aprobada por el gobierno de Martínez-Almeida. Dicha decisión se convirtió en firme una vez que el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por el equipo de gobierno municipal, dejando las restricciones de movilidad de la capital en un limbo legal que ahora los juzgados están resolviendo a favor de los conductores.

Denuncias formuladas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid hasta el 31/12/25