Una nueva sentencia anula otra multa por rebasar el semáforo en rojo en la Av. Islas Filipinas. La sentencia judicial pone de nuevo en entredicho las denuncias formuladas por el sistema foto-rojo denunciado reiteradamente por AEA.
Al rosario de argumentos utilizados ya por distintos juzgados de Madrid cuestionando la fiabilidad de este sistema utilizado por el Ayuntamiento de Madrid desde noviembre de 2009, hay que añadir uno nuevo en el que se evidencia que el tiempo de duración de la fase ámbar para pasar al rojo es tan sumamente escaso que resulta en la práctica casi imposible frenar.
Esta nueva resolución judicial se suma a las ya obtenidas en los dos últimos meses por AEA, a través de distintos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid – nº 10, nº 23, nº 25 y nº 34- y pone de nuevo en evidencia la falta de garantías del sistema utilizado por el Ayuntamiento de Madrid desde noviembre de 2009 para captar supuestas infracciones por rebasar los semáforos en rojo en 26 intersecciones de la capital.
El sistema no es infalible, como pretendía el concejal
Como se recordará, en la presentación de este sistema de captación de infracciones el entonces concejal responsable de seguridad, Pedro Calvo, afirmaba hace tres años que «el desarrollo de este novedoso sistema permitirá detectar y registrar a los conductores infractores de forma inequívoca«.
Sin embargo, las dudas sobre el correcto funcionamiento de este sistema han planeado desde su puesta en marcha y así lo están reconociendo reiteradas sentencias judiciales que, una tras otra, están anulando las sanciones impuestas mediante este sistema por el Ayuntamiento de Madrid: En unos casos porque las fotografías ofrecen serias dudas acerca de que realmente se rebasen en rojo los semáforos; en otros, por ausencia del preceptivo control metrológico a que deben someterse los aparatos utilizados en la captación de infracciones por imagen, y en otros, como en el semáforo de O´Donnell porque la fotografía capta una imagen sesgada de la vía dando la impresión de la comisión de una infracción inexistente.
A estos razonamientos se une otro nuevo -mucho más contundente si cabe- en el que se cuestiona que la duración de la fase en ámbar del semáforo es escasa para poder frenar con seguridad.
En efecto, en el caso ahora enjuiciado el magistrado-juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid señala que a fin de determinar si la duración de la fase del semáforo en ámbar era correcta «se solicitó informe a la Dirección General de Tráfico y al propio Ayuntamiento de Madrid«.
Respecto del primero, la Dirección General de Tráfico señaló que «no es posible dar una regla general para todos los semáforos, pero que fases de verde, ámbar y rojo inferiores a 35 segundos o superiores a 150 segundos son de difícil comprensión por el conductor español, y por tanto no son aconsejables«.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid informó que «el semáforo de la Avenida de las Islas Filipinas 18 tiene una fase ámbar de 3 segundos, como en toda la villa de Madrid«, motivo por el cual procede la estimación de la demanda por cuanto -tal y como se recoge en el fundamento de derecho único de la sentencia- «en tal caso, se aleja mucho de los tiempos recomendados por la Dirección General de Tráfico, y además, cualquier alteración, mínima de segundos o fracciones de ellos, ocurrida por defectuoso funcionamiento del sistema hace que pueda reducirse, por lo que es digna de crédito la versión del demandante«.
El fallo no sólo anula la sanción de 200€ y 4 puntos de retirada del cané, sino que expresamente condena en costas al Ayuntamiento de Madrid |
La Alcaldesa debe tomar urgentemente cartas en el asunto
Con esta nueva sentencia el presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha instado al Ayuntamiento de Madrid a que proceda a la revisión de la sincronía de todas los semáforos que existen en nuestra capital. « Y no sólo por cuestiones de seguridad jurídica para evitar la imposición indiscriminada de sanciones ilegales e injustas –ha indicado Arnaldo-, sino por estrictas razones de seguridad vial que garanticen la circulación segura de peatones y automovilistas«
En este sentido, Arnaldo considera inaplazable que la Alcaldesa de Madrid tome cartas en este asunto ordenando la revisión y el control metrológico del sistema foto-rojo, así como la revisión y anulación de los expedientes sancionadores tramitados por el Ayuntamiento en base a un sistema que no garantiza su correcto funcionamiento y que una vez más ha sido cuestionado por los tribunales.
¿Cuántas sentencias quieren más -se pregunta Arnaldo- para garantizar los legítimos derechos de los ciudadanos?
Denuncias formuladas por el Ayuntamiento de Madrid por rebasar semáforo en rojo |
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2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Policía municipal | 14.937 |
11.806 | 9.166 | 6.754 | 4.024 |
Agentes movilidad | 16.045 | 9.872 | 22.582 | 57.723 | 84.949 |
Total | 30.982 | 21.678 | 31.748 | 64.477 | 88.973 |
Todas las multas de foto-rojo son ilegales por que todos los semáforos de Madrid incumplen la norma europea que obliga a que la luz amarilla dure un mínimo de 20 segundos. En Madrid la fase ámbar de los semáforos dura solo 3 segundos, por lo que todos los semáforos de la villa están de situación de ilegalidad. Donde hay un foto rojo no pasa el autobús por él. Para los autobuses existe un carril que carece de cámara, por que de no ser así, todos los conductores de la EMT ya no tendrían puntos y no podrían desarrollar su oficio. A ver que autobús es capaz de pararse en un semáforo en los 3 segundos que dura la fase amarilla sin matar a los pasajeros que vallan en pié. Reducir a posta el tiempo de duración la luz amarilla incumpliendo la ley europea a tan solo 3 segundos, es un atentado contra la seguridad en el trafico, este comportamiento es un delito penal. Espero que un fiscal juzgue de oficio a la alcaldesa y al concejal de tráfico como máximos responsables de este atentado contra la seguridad vial. Los 20 segundos de la norma comunitaria europea son para que a un vehículo le de tiempo a parar con seguridad y no se quede en medio de los cruces. Nuestros políticos son capaces de saltarse la ley poniendo en peligro la vida de los ciudadanos, por el afán de recaudar.