Un Juzgado de San Sebastián ha estimado el recurso dirigido por los servicios jurídicos de AEA en defensa de uno de sus socios y ha anulado la sanción de 300€ y la detracción de 2 puntos impuesta por el Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco en Guipúzcoa, por circular en la AP-8, a la altura de Rentería, a 154 km/h. teniendo limitada la velocidad a 120 km/h., reduciéndola a tan sólo 100€.

La sentencia avala la denuncia realizada en 2010 por AEA respecto del erróneo criterio sancionador que el Gobierno Vasco, así como la DGT, vienen aplicando desde entonces para graduar las sanciones por exceso de velocidad y abre la puerta para reclamar en otros cientos de miles de casos.

La resolución judicial recoge íntegramente la amplísima jurisprudencia alegada por los servicios jurídicos de AEA y aplicándola al caso concreto, al tratarse de un radar móvil, reduce la velocidad de 154 km/h. que figuraba en la fotografía a una velocidad legal de circulación de 147 km/h., por aplicación del margen de error legalmente establecido. En consecuencia, la sentencia declara que

«la sanción procedente es la de multa de 100 euros, sin detracción de puntos.»

Además, la sentencia recuerda que los márgenes de error deben aplicarse sobre la medida obtenida por el radar utilizado.

En este sentido es preciso conocer los Errores Máximos Permitidos de la medición efectuada por cada cinemómetro para, en beneficio del “reo”, cifrar la velocidad mínima a la que podía estar realmente circulando el recurrente, y ello depende del tipo de cinemómetro y la concreta circunstancia y situación del mismo (móviles, fijos y móviles funcionando como estáticos en vehículos o trípode), y esto con el fin de evitar, en todo caso, el error “contra reo” e imputar los hechos con el grado de certeza exigible en derecho sancionador.

AEA lo denunció hace más de 5 años

Casos como el ahora resuelto favorablemente para nuestro socio sancionado han venido siendo denunciados por AEA desde mayo de 2010.

Entonces el presidente de AEA, Mario Arnaldo, denunció públicamente que

los servicios territoriales de tráfico del Gobierno Vasco, la Dirección General de Tráfico, el Servei Catalá de Transit, y numerosos ayuntamientos están imponiendo sanciones por encima de lo previsto en el cuadro de sanciones recientemente aprobado, al interpretar erróneamente la nueva Ley de Tráfico y no tener en cuenta los márgenes de error que la Ley de Metrología obliga a aplicar en las mediciones de velocidad obtenidas por radares.

Sin embargo, y a pesar de las advertencias de AEA, las distintas Administraciones con competencia en materia de tráfico no han cambiado sus criteriores sancionadores y han venido imponiendo durantes estos años cientos de miles de sanciones que, conforme a las recientes resoluciones judiciales, son ilegales.

250.000 multas por encima de la ley

En el caso del Pais Vasco, AEA calcula que en los 5 últimos años los servicios territoriales de tráfico del Gobierno Vasco han podido formular unas 250.000 denuncias por excesos de velocidad con importes y detracción de puntos superiores a los que marca la ley: ¡Una de cada cuatro denuncias formuladas!

Por ese motivo, AEA va a solicitar al Gobierno Vasco la correcta aplicación de sanciones y pérdida de puntos en todos los expedientes sancionadores incoados por infracciones de velocidad en los que no se hayan tenido en cuenta los márgenes de error legalmente establecidos.

Los automovilistas españoles necesitan cada vez más un mejor asesoramiento especializado

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha manifestado su satisfacción por este nuevo éxito jurídico obtenido por su organización en la defensa de los legítimos derechos de los automovilistas, pero ha advertido que

la sentencia favorable que hemos obtenido pone de manifiesto la necesidad de los automovilistas de obtener un buen asesoramiento especializado por parte de expertos en derecho de la circulación y no de meros tramitadores de multas.

En ese sentido, Arnaldo recuerda que precisamente ha sido su Asociación la que en reiteradas ocasiones ha tenido que acudir a los tribunales en defensa de los automovilistas, incluso llegando hasta el Tribunal Supremo, para luchar contra la actual situación de indefensión que tienen actualmente los conductores en España.