El cierre de registros públicos y oficinas judiciales está impidiendo que los ciudadanos puedan ejercer con plenitud sus derechos y libertades.

AEA ha solicitado esta mañana al Presidente del Gobierno la urgente modificación del Art. 30 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Art. 182 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que sean declarados inhábiles a efectos del computo de los plazos los días que duren las medidas de contención extraordinarias para combatir el coronavirus.

AEA ha formulado esta petición al comprobar que se han cerrado al público numerosas oficinas administrativas y judiciales, con lo cual se impide a los ciudadanos ejercer con plenitud sus derechos y libertades ya que no pueden presentar en los registros públicos ninguna solicitud, escrito o recurso, a pesar de que los plazos administrativos y procesales siguen corriendo para ellos.

En su petición AEA señala que si bien esta situación afecta especialmente al derecho a la defensa de los ciudadanos en el ámbito del Tráfico y la Seguridad Vial, dado el importante volumen de expedientes que se tramitan en esta materia, ningún otro ámbito en la esfera de los derechos y libertades de los ciudadanos queda excluido.

Por esa razón, AEA considera urgente la aprobación de un Real Decreto Ley que declare inhábiles a efectos del computo de los plazos los días en que con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para combatir el COVID-19 las oficinas y los registros públicos permanezcan cerrados, ya que hay cientos de miles de ciudadanos que no disponen de medios telemáticos para la presentación de escritos o documentos.