AEA ha recurrido hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado 5 de octubre y ha solicitado, con carácter urgente, la suspensión cautelar de la entrada en vigor de “Madrid Central”, en tanto se resuelve definitivamente el recurso.

La Junta de Gobierno de Madrid desoye el mandato del Pleno

En su recurso, AEA considera que “tanto la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por acuerdo del Pleno de 5 de octubre de 2018 como el Acuerdo de 29 de octubre de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se desarrolla el régimen de gestión y funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones “Madrid Central”, son ilegales” porque infringen el principio de jerarquía normativa y porque resultan, además, “gravemente perjudiciales para los derechos de cientos de miles de automovilistas madrileños”.

Suspensión cautelar “inaudita parte” de la vigencia del Madrid Central y del Art. 52 de la Ordenanza.

Por ese motivo, AEA ha solicitado al TSJM que, con carácter de urgencia y sin oir al Ayuntamiento de Madrid suspenda cautelarmente tanto la vigencia de “Madrid Central” como del Art. 52 de la Ordenanza de Movilidad, relativo a la condición de residente del SER, por cuanto de llevarse a cabo dichas medidas “se haría perder la finalidad legítima del recurso interpuesto”.

Respecto a “Madrid Central”, AEA justifica su petición de suspensión en el hecho de que mientras en la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Pleno la obligación de exhibir el distintivo ambiental que identifica la clasificación ambiental de los vehículos según su potencial contaminante no entra en vigor hasta el 23 de abril de 2019, el Acuerdo de la Junta de Gobierno anticipa su exhibición al próximo día 30 de noviembre.

Y ello -a juicio de AEAno sólo vulnera del principio de jerarquia normativa, al pretender sustituir la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, la voluntad expresada por el Pleno del Ayuntamiento, sino que de forma sorpresiva y anticipada se impide la circulación por el área denominada “Madrid Central” a cientos de miles de ciudadanos que no han podido obtener el correspondiente distintivo medioambiental, al no resultar todavía obligatorio, ni estar regulado por una norma con rango de Ley quién lo debe expedir ni cual es la tasa que hay que cobrar por su expedición.”

Y en relación con el Art. 52 de la Ordenanza de Movilidad, AEA también pide su suspensión cautelar porque por olvido o negligencia en dicho precepto sólo se contempla la posibilidad de obtener la tarjeta de residente para estacionar sin limitación en el SER a los propietarios de vehículos clasificados como «pick up”,  furgonetas de hasta 3.500 kgs. derivados de turismos y vehículos mixtos, excluyendo a los propietarios de turismos”.

Y ello –también a juicio de AEA- no sólo va a provocar un grave perjuicio al cuarto de millón de automovilistas poseedores en la actualidad de una tarjeta de residente para el SER, que no van a poder renovarla, sino a otros cerca de setecientos mil usuarios que, con la redacción dada a dicho artículo no van a tener posibilidad de obtenerla.”

De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en un plazo de dos día el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe pronunciarse sobre la suspensión cautelar de la entrada en vigor de Madrid Central solicitada por AEA.