En la próxima inspección se añadirá el plazo que les fue reducido durante el estado de alarma

La medida aprobada hoy por el Gobierno supone un ahorro de 300 millones de euros para 6,5 millones de automovilistas

El Boletín Oficial de Estado publica hoy un Real Decreto por el que se restablecen los plazos normales de inspección técnica de vehículos para aquellos automovilistas a los que con motivo de las medidas adoptadas por el COVID-19 se les redujo el plazo de validez de la siguiente inspección.

Dicha medida del Gobierno se ha adoptado, como indica la norma, como consecuencia del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por la organización de defensa de los conductores, AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA).

Más de seis millones de automovilistas afectados pagaron injustamente 300 millones de euros

El recurso de AEA fue aceptado íntegramente el pasado mes de octubre por la Sala Tercera del Tribunal Supremo declarando la nulidad del apartado segundo de la Orden del Ministerio de Sanidad 413/2020, de 15 de mayo. Esta norma obligaba a más 6,5 millones de automovilistas a tener que realizar anticipadamente nuevas inspecciones, con un desembolso de más de 300 millones de euros, al haberse reducido los plazos de la ITV.

Se añadirá el plazo minorado en la siguiente inspección

Ahora, con la reciente medida aprobada por el gobierno, los automovilistas afectados recuperarán en la siguiente inspección el mismo número de días en que se les hubiera reducido el plazo anterior. Es decir, que una vez realizada la inspección se consignará en la ficha técnica el nuevo plazo, al que se añadirán los días que le fueron recortados durante el estado de alarma.

Tráfico debe anular miles de multas

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, se ha mostrado muy satisfecho por el éxito obtenido por su organización en defensa de los legítimos derechos de millones de automovilistas, tanto por la sentencia del Tribunal Supremo, que estimó íntegramente sus argumentos como por la medida aprobada ahora por el Gobierno que supone un ahorro de más 300 millones de euros para 6,5 millones de automovilistas.

A juicio de Arnaldo “la norma aprobada por el Gobierno durante el estado de alarma no obedecía a ninguna razón de seguridad vial sino solo y exclusivamente a razones económicas de empresas privadas a las que se les quería favorecer, en perjuicio de los automovilistas, garantizándoles la recaudación que habían dejado de percibir durante el cierre de las estaciones de ITV”.

Ahora –añade Arnaldo- sólo queda que Tráfico anule las multas afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el recorte de los plazos para pasar la ITV”.

Sentencia del TS beneficiará a más de 6.500.000 de automovilistas a los que se les redujo ilegalmente los plazos de la ITV

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