Una reciente resolución dictada por la Magistrada de la Plaza nº 34 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid ha desarmado la estrategia del Ayuntamiento de la capital de limitar la anulación de sanciones derivadas de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). La sentencia aclara que el consistorio debe invalidar todas las multas impuestas y no únicamente aquellas vinculadas a las áreas de especial protección de «Distrito Centro» y «Plaza Elíptica».

El fallo responde a un recurso promovido por la organización de defensa de los conductores, AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA), en defensa de una de sus Socias, que fue fotografiada fuera de dichas zonas de especial protección por una de las 477 cámaras que controlan el perímetro general de la M-30. El texto judicial fundamenta que «todas las sanciones impuestas por no respetar las restricciones derivadas de Madrid ZBE respecto de las cuales todavía no haya recaído sentencia firme (…) quedan afectadas por la declaración de nulidad de la disposición general que les ha servido de cobertura».

Un precedente clave contra el criterio municipal

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha calificado la resolución como «un importantísimo precedente judicial en la protección de los derechos de los ciudadanos». Según Arnaldo, “este pronunciamiento desvirtúa los argumentos del equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida, que buscaba minimizar el impacto de la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)”.

Cabe recordar que, en septiembre de 2024, el TSJM declaró la nulidad de pleno derecho de los artículos esenciales que regulaban las ZBE. Esta decisión adquirió firmeza después de que el Tribunal Supremo inadmitiera a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid.

AEA exigirá la ejecución forzosa si no se frenan los cobros

A pesar del varapalo judicial, AEA denuncia que el consistorio madrileño sigue adelante con los procesos de cobro. Según detalla la organización, hace aproximadamente diez días solicitaron formalmente a la Junta de Gobierno local el archivo de oficio de todos los expedientes pendientes de «Madrid ZBE«, «Distrito Centro» y «Plaza Elíptica», además de la paralización inmediata de apremios, recargos o embargos en curso.

Sin embargo, AEA constata que la Agencia Tributaria de Madrid continúa ejecutando las órdenes de cobro. Ante lo que califican como una «irregular actuación», la organización ha anunciado que, si el Ayuntamiento no cesa en su actividad recaudatoria en las próximas semanas, solicitará formalmente al TSJM la ejecución forzosa de la sentencia para frenar el perjuicio económico que sufren cientos de miles de automovilistas.

Más de 700 millones de euros en juego

El alcance económico de esta batalla legal es multimillonario. Según las estimaciones de AEA, basadas en los datos oficiales del portal de transparencia municipal, la ilegalidad afecta a las sanciones impuestas desde diciembre de 2021 hasta el pasado 6 de abril, fecha en la que entró en vigor la nueva Ordenanza de Movilidad. El volumen total de expedientes sancionadores bajo sospecha supera los 3,5 millones, lo que equivale a un impacto económico global cercano a los 700 millones de euros para las arcas municipales.

Denuncias formuladas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid hasta el 31/12/25