AEA ha solicitado al Alcalde de Madrid, señor Martínez Almeida, que anule de inmediato las multas impuestas en la capital por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones hasta el pasado 6 de abril, en base a la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró nulas las Zonas de Bajas Emisiones reguladas en la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

El Tribunal Supremo, mediante auto de fecha 15/4/26, ha acordado inadmitir el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid y le condena con 2.000 € de costas, por no apreciar ningún interés casacional objetivo, con lo que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se hace firme y todas las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid , y no sólo en las de especial protección de Plaza Elíptica y Distrito Centro, se tienen que anular.

Multas de dudosa legalidad

Desde hace más de cinco años, AEA ha venido advirtiendo del daño económico que el ayuntamiento estaba causando a cientos de miles de conductores madrileños, a los que se les están cobrando unas multas de dudosa legalidad y sobre las que ahora el Tribunal Supremo se ha pronunciado, tal y como ocurrió con las Zonas de Bajas Emisiones de Barcelona y de Esplugues de Llobregat.

Estrategia dilatoria

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “la decisión del Supremo es una buenísima noticia para cientos de miles de automovilistas, ya que como advertimos en múltiples ocasiones, el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid no obedecía a razones de interés general, sino a una estrategia dilatoria del Ayuntamiento para seguir recaudando unas multas de dudosa legalidad, que luego no quiere devolver, argumentando que una hipotética decisión declarando nula la ordenanza solo afectaría a las multas pendientes de cobro, pero no a las ya cobradas”.

El Ayuntamiento no puede convertirse en una “administración tramposa”

Por ello, AEA ha venido recomendando que a pesar del recurso interpuesto hace más de un año por el Ayuntamiento de Madrid ante el Supremo, se recurrieran todas estas multas y se agotaran todas las posibilidades de defensa.

Y respecto de las ya pagadas, AEA considera que el Ayuntamiento de Madrid habría incurrido en responsabilidad y tendría que indemnizar a los automovilistas afectados con el mismo importe de lo cobrado, “ya que -según afirma Mario Arnaldo- en caso contrario, el Ayuntamiento de Madrid se convertiría en una “administración tramposa”, en la que el ciudadano no podría nunca confiar.”