Según AEA, desde mayo de 2010 se han impuesto cerca de un millón de multas de velocidad con importes y detracción de puntos por encima de lo que marca la ley.

Ante las quejas de los automovilistas, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a Tráfico que revise de oficio los expedientes sancionadores en los que no aparezca demostrado que en la velocidad captada por los cinemómetros se haya descontado el error máximo previsto legalmente.


Tres nuevas sentencias judiciales dictadas en este caso por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Valencia y nº 1 de Elche han estimado las reclamaciones promovidas por los servicios jurídicos de AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) en defensa de sus socios, y han reducido las sanciones impuestas por Trafico a unos conductores por supuestos excesos de velocidad por no aplicar correctamente a la velocidad captada por los radares “los márgenes de error en verificación periódica que se contemplan en el Anexo III, punto 4, de la Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor”.

Dos de las sanciones, de 300 € y 2 puntos, se reducen a tan sólo 100 € sin puntos y la tercera, de 500 € y 6 puntos, se reduce a 400 € y retirada de 4 puntos.

Hay que aplicar el margen de error máximo sobre la velocidad que consta en la foto

Según se recoge en el fundamento de derecho segundo de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Elche: ”Respecto a la fiabilidad del cinemómetro que midió la velocidad del vehículo del recurrente (…) el mismo se hallaba revisado y se entiende en perfecto funcionamiento. Sin embargo, el mencionado certificado señala un margen de error cuando, como en el caso que nos ocupa, el cinemómetro se hallaba operando en modo estático, de + 5 km/h.”

Por esa razón, concluye la sentencia: “Debe considerarse que el margen de error en la medición de la velocidad del cinemómetro, que la Administración no consideró, debería haberlo tenido en cuenta y haberlo aplicado para sancionar la conducta infractora, reduciendo la velocidad medida del vehículo en 5 km/h., por ser la opción más favorable al infractor, de conformidad con los principios informadores del Derecho Sancionador.”

AEA lo viene denunciando desde hace siete años

Estas nuevas sentencias se unen al rosario de sentencias dictadas ya por numerosos tribunales de toda España y avala la denuncia realizada en 2010 por la organización de defensa de los conductores, AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA), respecto del erróneo criterio sancionador que la DGT, el Gobierno Vasco, la Generalidad de Cataluña y más de una docena de ayuntamientos están aplicando desde entonces para sancionar los excesos de velocidad.

Cerca de un millón multas por encima de la Ley

AEA calcula que desde mayo de 2010 se han impuesto en España cerca de un millón de multas con importes y detracción de puntos superiores a los establecidos en la Ley de Seguridad Vial. Sanciones ilegales que se han impuesto no sólo por la DGT, sino también por el Servei Catalá de Tránsit y el Gobierno Vasco.

La Defensora del Pueblo toma cartas en el asunto

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha manifestado su satisfacción por estos nuevos éxitos jurídicos obtenidos por su organización en la defensa de los legítimos derechos de los automovilistas, y ha celebrado que la Defensora del Pueblo haya tomado cartas en este asunto “porque afecta a los derechos fundamentales de cientos de miles de ciudadanos”.

En efecto, el pasado mes de enero la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, formuló ya una sugerencia a la Dirección general de Tráfico instando a que revise de oficio los expedientes sancionadores en los que no aparezca demostrado que en la velocidad captada por los cinemómetros se haya descontado el error máximo previsto legalmente.

“Esperamos -concluye Arnaldo- que con esta oportuna actuación de la Defensora del Pueblo cese por fin la irregular actuación que la DGT viene llevando a cabo desde hace siete años, al imponer sanciones de velocidad por encima de lo que marca la ley”.

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